En recientes declaraciones del viceministro de gobernación donde sin ningún fundamento ni prueba acusa a pobladores de comunidades y un comunicador social de tener vínculos con el narcotráfico, contrabando y crimen organizado, más las declaraciones del ministro de gobernación donde expresa que la población no debe “dejarse manipular por personas vinculadas con el crimen organizado o grupos que se amparan en organizaciones no gubernamentales y cooperativas que avivan falsas luchas de reivindicación y protestas”, se evidencia la visión de un exmilitar contrainsurgente y un exjefe de la temida Guardia de Hacienda en relación a las demandas de la población y sus organizaciones.

En primer lugar se puede percibir la ocultación de la verdad y la tergiversación de los hechos en beneficio de terratenientes y particulares ya que no dieron a conocer que el Sr. Felipe Gutiérrez y miembros de la comunidad El Regadío fueron atacados en noviembre del 2011, por miembros de la seguridad del terrateniente Pedro Brol quienes quieren apoderarse de un nacimiento de agua para usar en la hidroeléctrica Palo  Viejo II, operada por la transnacional ENEL.

El ambiente de fiesta ante la realización de la consulta comunitaria se dejó sentir desde el sábado 11 de febrero en donde estudiantes, maestros, representantes de organizaciones y población en general realizaron una movilización en el centro de Champerico para llamar a la población a ejercer su voto en la consulta comunitaria de buena fe en defensa de los bienes naturales.

El 12 de febrero habitantes de 49 comunidades de Champerico Retalhuleu desde tempranas horas se dirigieron a los centros asignados para decidir si aceptan o no la exploración de minerales en las playas de pacífico.

Organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y de derechos humanos realizaron un plantón frente a la embajada de Panamá en Guatemala, en repudio y condena ante la política de criminalización y persecución que ha implementado el presidente de Panamá Ricardo Martinelli en contra del pueblo Ngäbe-Buglé.

María Canil de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala –CONAVIGUA- integrante de la CLOC Vía Campesina al hacer público el manifiesto dijo que las acciones implementadas por el gobierno panameño violan los derechos humanos y colectivos de los pueblos originarios; reiteró que dichas acciones las utilizan los estados y gobiernos para impulsar los proyectos neoliberales, que oprimen al pueblo y violan el derecho a la vida, en los distintos países.

Por su parte Julio Coj de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNSITRAGUA, señaló que ante las acciones del actual gobierno panameños que ya cobró vidas humanas exigen a las autoridades panameñas el cese de la persecución y criminalización en contra el pueblo indígena Ngöbe-Buglé, además exigen que el gobierno cumpla con suspender todo proyecto de exploración y explotación minera y que se investigue y castigue a los responsables de dar muerte a campesinos que defienden la tierra y el territorio.